DIRECTIVA DE RETORNO
Se estima que unos 800 millones de personas en el mundo sufren de hambre y desnutrición. Alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre, de ellos un 75% son niños menores de cinco años.
No voy a entrar a valorar si las diferencias entre países pobres y países ricos se evidencia, o por el contrario, disminuye; estadísticas, estudios, valoraciones sobre las estadísticas y estudios sobre las lecturas de las cifras estadísticas están a la orden del día, y dependen del color del cristal con que se mire. Pero lo cierto es que estas diferencias generan el aumento de movimientos migratorios hacia países con mayor calidad de vida de personas que buscan un futuro mejor para ellas y sus familias.
Estas migraciones deben realizarse de una manera ordenada, en primer lugar,desde un punto de vista egoísta, para que no generen tensiones sociales en los países de acogida, y en segundo lugar para proteger los derechos de los inmigrantes.
Las personas que emigran son vulnerables, sobre todo las mujeres y los menores, y son víctimas de las mafias organizadas que les explotan, engañan, prostituyen. El tráfico de personas está a la orden del día, los burdeles de polígono y carretera están llenos de mujeres extranjeras en “busca de una vida mejor”, y el pasaporte al tercer mundo se paga caro.
Los Gobiernos tienen la obligación de regular los flujos migratorios, el cómo hacerlo es lo que está planteando un interesante debate en la opinión pública estas últimas semanas con la aprobación de la llamada directiva de retorno, en la que se permite tener retenidos hasta 18 meses a los extranjeros indocumentados a fin de repatriarlos a sus países de origen.
Unos son partidarios de tildarla como un retroceso en los derechos humanos. Denuncian la injusticia de privar de libertad a las personas que no han delinquido, y de tener en el limbo a quienes sólo quieren trabajar y ganarse el pan de cada día. La derecha europea, está en pie de guerra, y el Gobierno de España con ellos.
Sin embargo, pienso, que se debe hacer una reflexión desde una perspectiva más amplia y más racional. La directiva europea es un gran paso en la consolidación de una política europea común en materia de inmigración, fundamental para nuestro país.
Por definición las directivas son instrumentos normativos que pretenden armonizar las normas de los diferentes países europeos, son como la media aritmética para el ordenamiento jurídico comunitario.
Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Irlanda, Malta y Suecia, no tienen establecido tiempo máximo de retención, por lo que un extranjero indocumentado puede estar retenido indefinidamente. El tiempo de los 18 meses tiene como primera finalidad, esa, la establecer márgenes máximos de retención.
Asimismo la devolución de los extranjeros a sus países, cuando no cumplen con la normativa de extranjería del país de acogida tiene que hacerse con todas las garantías, sobre todo si se trata de menores. No podemos dejar a las personas en las fronteras, hay que comprobar cuál es su país, por qué lo han abandonado, si pueden volver, si por el hecho de volver van a tener represalias políticas o de cualquier otro tipo, y eso lleva su tiempo.
La actual Ley de Extranjería española establece un máximo de 40 días para realizar todas estas gestiones, que se manifiestan claramente insuficientes. Es verdad que entre 40 días y 18 meses hay un mundo, pero no podemos olvidar que la directiva comunitaria establece un máximo, que deben respetar los Estado miembros de la Unión Europea. Pero para que esta directiva tenga vigor en España hay que trasponerla, y el Gobierno ya anunció que ampliará el plazo de retención a 60 días, y no agotará el margen de los 18 meses.
Resumiendo, hoy hay más garantías porque se han abolido las retenciones por período indefinido, porque se establece el control oblogatorio del poder judicial y porque se requiere la participación del país de origen del inmigrante.
Eso sí, hay que ser ambiciosos en la construcción de una política común europea en materia de inmigración, y por ello hay exigir que no se quede en directivas como ésta, impopular pero necesaria, sino que se profundice en la cooperación al desarrollo a estos países y en la potenciación de relaciones económicas igualitarias que posibiliten la entrada en Europa de sus productos en condiciones de igualdad. El objetivo principal tiene que ser conseguir que no tengan que abandonar ni su país, ni su familia, ni su cultura.
3 comentarios
Sergio -
No obstante, como me "moló" lo del abogado del diablo, me pregunto, ya digo, más por hacer de abogado del diablo que otra cosa, si la permanencia de los extranjeros en centros es en régimen cerrados, si no se estará incumpliendo la letra, o, al menos, el espíritu, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Claro que, como bien se comenta en el post, esta directiva supone, en muchos países de la UE, pasar de la ausencia de límites temporales a esa situación a su existencia, lo cual no es moco de pavo... Es bien triste, que las cosas estén así, pero como dices tú, Guti, a ver quién es el guapo que tiene la solución... Mientras Gambia o Senegal estén como están, y Europa Occidental esté como está, es una mera cuestión de ósmosis: no habrá puertas al campo que eviten que muchos africanos traten de alcanzar Europa, es como aquellos libros de Química de cuando yo era joven que ilustraban la ósmosis con peces de dos colores en dos peceras contiguas, en cuanto dejas la más mínima posibilidad de paso, los peces se mezclan !
Guti -
Los centros de internamiento pueden ser todo lo cómodos que se quiera (lo dudo) pero la gente que esté en ellos va a estar, por lo que sé, en contra de su voluntad. Que no digo que haya que hacer su voluntad necesariamente, pero se mire como se mire, son 18 meses de detención sin cargos. Las cosas llevan su tiempo, pero... ¿hace falta un año y medio? Pues ya sabemos lo que va a ocurrir: que esos centros se van a colapsar y vamos a empezar a hacinar gente.
No digo yo que tenga la solución, pero me da a mí que todo esto es simplemente mirar para otro lado.
Sergio -
Quizás uno de los comentarios más obvios que a uno le surgen es que mucha gente ha hecho un primer análisis en el que comparan los 40, 48, 60 días, o 18 meses, o lo que sea, de mantenimiento de los inmigrantes ilegales sin control judicial, de modo más o menos consciente y/o explícito, con la situación de los detenidos en dependencias policiales o con las situaciones de prisión preventiva, argumentando que si en Inglaterra en la Edad Media ya existía el habeas corpus, o aquí sería impensable hasta hace poco una detención sin sometimiento al control judicial durante plazos similares, estamos ante un retroceso.
Y a mí se me ocurre lo primero que quizás un punto fundamental son las características de los centros en los que se alojan estos chavales ( muchísimos son jóvenes, e incluso menores, creo que la mayoría son jóvenes ) mientras se realizan las, como tú dices, Almu, imprescindibles comprobaciones, que tú sabes bien que en muchas ocasiones son difíciles de hacer ( entre otras cosas por falta de colaboración de muchos países africanos)...
Es cierto que hablamos de gente que no ha cometido más "delito" que haber intentado alcanzar una vida mejor ( ¡¡¡ tristemente, las comillas sobran con la actual legislación italiana, donde se ha introducido el ilícito penal de inmigración ilegal !!!! ). Ahora bien, si los centros de permanencia de estos chavales ( o señores ) son lugares dignos, adecuados, y, preferentemente, donde no se mantenga a nadie contra su voluntad, sino que se trate de sitios donde los implicados permanezcan a gusto porque disfruten de unas condiciones de vida mejores de las que les esperarían fuera, los inconvenientes, como mínimo , se aminoran, si no desaparecen...
Dejo ahí esa primera impresión rápida. Besos.